La entidad sostiene que el actual modelo de administración de los fondos de pensiones y del seguro familiar de salud limita el disfrute efectivo de derechos fundamentales y favorece intereses económicos particulares.

Santo Domingo, República Dominicana, 11 de septiembre de 2026.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anunció que presentará ante el país una propuesta legislativa dirigida a eliminar la intermediación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, por considerar que el modelo vigente se ha convertido en uno de los principales obstáculos para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales de la población.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la organización, Cándido de Jesús, quien afirmó que la iniciativa buscará promover una transformación estructural del sistema de seguridad social, colocando en el centro de sus prioridades la protección de la dignidad humana, el acceso universal a servicios de salud de calidad y el derecho de los trabajadores a recibir pensiones suficientes y compatibles con el costo de la vida.

De Jesús manifestó que, a juicio de la Fundación Justicia y Transparencia, la intermediación privada desarrollada por las AFP y las ARS no ha producido los resultados sociales esperados, pese al volumen de recursos económicos administrados durante años por esas entidades.

Según explicó, la propuesta tendrá como propósito impulsar un sistema más justo, solidario, transparente y eficiente, en el cual los recursos aportados por trabajadores, empleadores y el Estado sean utilizados prioritariamente para mejorar la cobertura y la calidad de las prestaciones, en lugar de privilegiar la rentabilidad de las empresas encargadas de administrarlos.

FJT denuncia desigualdad y falta de transparencia

La entidad sostuvo que el actual funcionamiento del sistema presenta profundas desigualdades, debido a que numerosos afiliados enfrentan dificultades para recibir determinados tratamientos médicos, obtener la cobertura de medicamentos de alto costo, acceder oportunamente a estudios especializados o conseguir autorizaciones para procedimientos indicados por profesionales de la salud.

Asimismo, señaló que una parte importante de los trabajadores dominicanos mantiene incertidumbre sobre el monto que recibirá al momento de su retiro, pese a haber realizado aportes durante gran parte de su vida productiva.

Para la Fundación Justicia y Transparencia, esta realidad plantea la necesidad de revisar de manera integral el papel desempeñado por las entidades intermediarias, así como los mecanismos de supervisión, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas aplicables a la administración de los fondos pertenecientes a los afiliados.

Cándido de Jesús calificó el modelo vigente como un sistema caracterizado por la falta de igualdad, la limitada transparencia y un elevado nivel de discrecionalidad en beneficio de sectores empresariales que administran recursos provenientes del esfuerzo de millones de trabajadores.

El director ejecutivo de la FJT advirtió que la seguridad social no puede ser concebida exclusivamente como un mercado financiero o como una fuente de beneficios corporativos, debido a que su finalidad principal debe ser proteger a las personas frente a la enfermedad, la discapacidad, la vejez, los riesgos laborales y otras circunstancias capaces de afectar su bienestar y el de sus familias.

En ese sentido, afirmó que la salud, la seguridad social y la protección de las personas envejecientes constituyen derechos de especial relevancia constitucional y, por consiguiente, deben ser garantizados mediante políticas públicas efectivas, instituciones transparentes y mecanismos administrativos orientados al bienestar colectivo.

Una propuesta para devolver el sistema a sus verdaderos propietarios

La Fundación Justicia y Transparencia indicó que su propuesta partirá del principio de que los recursos depositados en el sistema pertenecen a los trabajadores y afiliados, por lo que su administración debe responder estrictamente a criterios de interés social, eficiencia, equidad, solidaridad y rendición de cuentas.

La organización adelantó que promoverá un debate nacional sobre la necesidad de sustituir el actual esquema de intermediación por un modelo que reduzca los costos administrativos, elimine privilegios, fortalezca los controles públicos y garantice que una mayor proporción de los recursos lleguen directamente a los beneficiarios.

De Jesús aclaró que la iniciativa no estará dirigida a debilitar la seguridad social ni a desconocer los derechos adquiridos por los afiliados. Por el contrario, tendrá como objetivo fortalecer la protección social y asegurar que cualquier reforma preserve los fondos acumulados, la continuidad de los servicios y las garantías reconocidas a trabajadores, pensionados y usuarios del sistema de salud.

Llamado a un gran debate nacional

La entidad anunció que la propuesta será puesta a disposición de los diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo representantes de los trabajadores, empleadores, asociaciones profesionales, organizaciones comunitarias, universidades, especialistas en seguridad social, instituciones públicas, partidos políticos y miembros del Congreso Nacional.

El objetivo será construir un proyecto plural y participativo que recoja las principales preocupaciones de la ciudadanía y permita alcanzar un consenso alrededor de una seguridad social verdaderamente humana, universal y sostenible.

La Fundación Justicia y Transparencia también exhortó al Congreso Nacional y a las autoridades competentes a realizar una evaluación exhaustiva del funcionamiento de las AFP y las ARS, incluyendo sus márgenes de beneficios, gastos administrativos, políticas de inversión, mecanismos de autorización, cobertura de servicios y niveles de satisfacción de los afiliados.

“No puede haber una reforma legítima si la ciudadanía permanece al margen de las decisiones. El dinero administrado por las AFP y las ARS proviene fundamentalmente del trabajo y el sacrificio de la población; por tanto, el pueblo tiene derecho a conocer cómo se administra, cuánto cuesta esa administración y cuáles beneficios reales está recibiendo”, enfatizó De Jesús.

La estafa del siglo

El director ejecutivo de la FJT utilizó una expresión contundente para referirse al modelo actual, al señalar que, desde la perspectiva de la organización, este se ha convertido en “la estafa del siglo”, debido a la distancia existente entre las expectativas generadas al momento de su implementación y los resultados obtenidos por una parte considerable de la población. Explicó que esa calificación responde a la percepción de que los ciudadanos realizan aportes obligatorios durante años, mientras continúan enfrentando copagos, exclusiones, limitaciones de cobertura, dificultades burocráticas y expectativas de pensiones insuficientes.

La institución insistió en que corresponde a los organismos supervisores ofrecer información clara, accesible y verificable sobre los resultados del sistema, de manera que la sociedad pueda evaluar objetivamente si los recursos administrados están cumpliendo con la finalidad social para la cual fueron destinados.

Por una seguridad social centrada en la dignidad humana

La Fundación Justicia y Transparencia reiteró que la seguridad social debe ser entendida como una herramienta de justicia social y no como un privilegio reservado para quienes poseen mayor capacidad económica.

Por esa razón, la propuesta legislativa procurará colocar la dignidad humana y el interés colectivo por encima de cualquier beneficio particular, promoviendo una administración sometida a controles rigurosos, auditorías periódicas, fiscalización ciudadana y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La entidad sostuvo que la discusión no debe limitarse a modificar porcentajes de cotización o ampliar parcialmente determinadas coberturas, sino que debe abordar la estructura completa del sistema, sus costos, sus niveles de intermediación y la calidad de las prestaciones recibidas por los afiliados.

Finalmente, Cándido de Jesús aseguró que “La República Dominicana necesita una seguridad social que proteja al enfermo, acompañe al trabajador y garantice una vejez digna. Los recursos del pueblo deben estar al servicio del pueblo. Ha llegado el momento de revisar profundamente la intermediación de las AFP y las ARS y construir un sistema basado en la igualdad, la solidaridad, la transparencia y el respeto de los derechos fundamentales”, concluyó el director ejecutivo de la FJT.