Condena de cinco años de prisión a Elizabeth Silverio por usurpar funciones en el área de la salud

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la acusación del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, procesada por usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

El Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, habían solicitado 7 años de prisión en la audiencia en la que incorporaron pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que demostraron, ante la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, la responsabilidad penal de Silverio Silien.

En la motivación de la decisión la jueza estableció que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron que la imputada utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía.

Además, que los padres que declararon en calidad de testigos resultaron coherentes en sus testimonios, mientras que las pruebas documentales establecen que la imputada se presentaba y firmaba los informes de los pacientes en calidad de doctora en neurociencia, sin que fuera aportada ante el tribunal ninguna documentación que evidencie la realización de estudios superiores ni la obtención de un exequátur que le acredite para ofrecer dichos servicios, tal como hicieron constar los representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas).

Juan Geraldo Mesa, director del Departamento de Habilitación de Centros del Mispas, aportó documentación que confirma la falta de habilitación del Kogland. De igual modo, declaró el consultor jurídico de esa institución, Luis Manuel Tolentino, quien presentó una certificación que establece que la imputada no está registrada en el país en ninguna de las áreas de la salud.

Las pruebas valoradas por el tribunal incluyen los informes de las evaluaciones realizadas por Elizabeth Silverio, en los que emitía diagnósticos e indicaba las terapias a aplicar, lo que provocó afectaciones en la salud de los niños y retrasos en la aplicación de las terapias adecuadas, conforme fue establecido por el Ministerio Público en su relato fáctico.

A la salida de la audiencia, el Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, valoró que el tribunal ponderara correctamente la gravedad de los hechos para dictar una sentencia condenatoria sustentada en las pruebas aportadas, las cuales demostraron y vincularon a la imputada con las acciones cometidas en perjuicio de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En adición, el órgano acusador deploró que Elizabeth Silverio cometiera sus hechos graves y a la fecha se muestra altanera y sin arrepentimiento alguno.

El Ministerio Público indicó que las pruebas presentadas resultaron suficientes para sustentar la culpabilidad Silverio Silien.

Elizabeth Silverio fue hallada culpable de estafar a padres que acudieron a su centro con la esperanza de que sus hijos recibieran atención especializada, haciéndose pasar por profesional de la salud sin contar con estudios superiores ni autorización legal en la República Dominicana, en violación a la normativa vigente.

Esto en violación a los artículos 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 156-7 de la Ley 42-01 General de Salud.

La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, dispuso que Silverio Silien cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.

Asimismo, la condenó al pago de las costas penales del proceso, así como al pago de una indemnización ascendente a RD$2,000,000 en favor de las víctimas constituidas en querellantes y actores civiles.

De igual manera, el tribunal ordenó el pago de las costas civiles en favor y provecho de los abogados concluyentes, el decomiso de las pruebas materiales y la notificación al juez de Ejecución de la Pena. Finalmente, fijó para el 10 de junio de 2026, a las 11:00 de la mañana, la lectura íntegra de la decisión.

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