Santo Domingo. República Dominicana.- El gobierno dominicano ha adoptado varias medidas dirigidas al auxilio de la ciudadanía tras el impacto ciclón que ha producido acumulados de lluvia e inundaciones, provocando la muerte de más de 30 personas.
Mediante el decreto 585-23, el presidente Luis Abinader declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios para ser utilizadas en las labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocados por el paso del fenómeno atmosférico a nivel nacional.
El gobierno informó que como ha señalado siempre el Poder Ejecutivo, para este procedimiento de excepción se dispuso que estos procedimientos deban realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas.
Se señala que las instituciones deben gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional, a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, y rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas.
Mediante el decreto número 584-23, Abinader había dispuesto la suspensión de labores en el territorio nacional, en los sectores tanto público como privado, a partir de las 10 horas de la noche del sábado 18 de noviembre de 2023 hasta las 7 horas de la mañana del lunes 20 de noviembre de 2023, a causa de los efectos del fenómeno atmosférico que afecta actualmente el territorio nacional.
Del mismo modo, instruyó al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Administración Pública a determinar la forma de aplicación de la indicada suspensión en los sectores privado y público, respectivamente.
En los indicados decretos se advierte que producto del cambio climático se genera una mayor cantidad de lluvias, las precipitaciones son más intensas e impredecibles en sus efectos y se producirán fuera de las temporadas estipuladas, lo que obligará a los Estados a tomar medidas en situaciones de emergencia.
Sin embargo, precisó que en virtud de ello, se toman las medidas de rigor, bajo el amparo del artículo 8 de la Constitución, que señala que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, por lo que es deber del Poder Ejecutivo ejecutar medidas tendentes a la preservación y protección de la población nacional ante cualquier tipo de amenaza, incluyendo las provenientes de fenómenos naturales.
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