Santo Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, propuso que se establezca la obligatoriedad de los debates electorales entre los candidatos a puestos electivos, al considerar que los ciudadanos deben conocer las propuestas de los aspirantes, porque eso contribuye a la transparencia.
Jáquez Liranzo dijo que la nueva ley orgánica de régimen electoral, número 20-23, solo autoriza al órgano a promover la realización de los debates.
Sostuvo que fueron rechazadas las propuestas para que se imponga por obligación a los candidatos de participar en los debates.
Por otro lado, alertó sobre la difusión de informaciones falsas durante el proceso electoral, porque escurece todo.
Llamó a dar un uso correcto a las redes sociales, enfatizando que esa es la mejor prevención.
Resaltó el rol de los medios de comunicación masivos, sosteniendo que empujan a todo el Estado ser transparente. El presidente de la JCE habló sobre «Transparencia en los procesos electorales», en la apertura del V seminario sobre Transparencia y Gestión Pública, organizado por la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO).
Por otro lado, expresó que la ciudadanía debe tener acceso a información relevante sobre el proceso electoral, como las leyes, resoluciones, reglamentos e instrumentos jurídicos que en sentido general regulan el bien desenvolvimiento de la elección.
Sostuvo que con ello se asegura la seguridad jurídica, en la medida que el acceso previo a las normas proporcionan a los actores políticos y a la ciudadanía la certeza de que todo se lleva a cabo de acuerdo con la normativa.
Consideró que cuando las leyes electorales y los actos normativos emitidos por el órgano son transparentes se reduce la ambigüedad y se garantiza que todas las partes comprendan las reglas de juego.
Precisó se requiere que la normativa electoral sea clara y pública.
Reforma a ley de partidos
El presidente de la JCE planteó que la ley 33-18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos requiere urgentemente de una reforma integral, dado que contiene vacíos que afectan la integridad de los procesos electorales,
«Es una ley ambigua, con decenas de declaratorias de inconstitucionalidad, de manera difusa, de manera concreta, por sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral y el Tribunal Superior Administrativo.”, afirmó.
Expuso que la ley 33-18 debe ser modificada de manera integral, después que pasen los procesos electorales del 2024.
«Es una ley llena de vacíos, es una ley llena de incongruencias, que no le da garras al órgano electoral y cuando se pusieron garras, coincidencialmente inconstitucionales.», dijo.
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