Disminuye de 500 a 302 la cantidad de adolescentes que infringen la ley penal en los tres últimos años

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección Nacional de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), con la asesoría de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) realizó el taller “Plan de Acción para la Efectiva Implementación de las Sanciones y Medidas Alternativas para Adolescentes», con el objetivo de crear conciencia en el sistema sobre la importancia de que los tribunales impongan medidas alternativas a la prisión a los adolescentes infractores.

En la capacitación, Roberto Hernández Basilio, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), reveló que la cantidad de adolescentes en los centros ha disminuido con relación al año 2020.

“Es un hecho trascendental que el número de adolescentes en los centros ha bajado en por lo menos dos años el 40%, por lo que debemos seguir trabajando con las medidas alternativas a la prisión”, destacó.

“El proyecto en que trabaja la DINAIACLP representa un antes y un después, ya que de más de 500 adolescentes que había en el año 2020, la suma descendió a 302”, resaltó el funcionario penitenciario.

En ese mismo orden, Carlos Manuel Guerrero Hernández, quien dirige la Dirección Nacional de Atención Integral a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, destacó la importancia que tienen los actores del sistema de justicia en el cambio de medida en casos de adolescentes.

“Es importante coordinar para que las sanciones alternativas no sean la excepción, y que los tomadores de decisiones no se vean obligados a dictar prisión y no otras medidas”, dijo Guerrero Hernández.

El taller lo impartieron la experta española Begoña Gómez del Campo y Zoila Roa, encargada de Sanciones Alternativas de la Dirección Nacional de Atención Integral a la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, quienes consideraron que la reclusión de los menores le viola sus derechos y le quita el criterio de oportunidad, además de que no previene el delito.

“El tratamiento reduce y ahorra dinero a los Estados, la idea es seguir promocionando las sanciones porque abaratan los costos”, resaltaron.